El Gobierno de Irán declaró este miércoles 11 de noviembre a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas y advirtió que Buenos Aires será responsable por las consecuencias de la decisión. La Cancillería iraní fundamentó la medida en el principio de reciprocidad, después de que Argentina incorporara a la Guardia Revolucionaria Islámica a su registro de entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.
La respuesta argentina fue de rechazo. En un comunicado oficial, el Gobierno consideró que la designación iraní carece de fundamento y constituye una acusación inadmisible contra instituciones sujetas a la Constitución y las leyes nacionales. La réplica elevó el tono de una disputa diplomática que involucra a las fuerzas militares de ambos países.
El origen de la escalada
La decisión de Teherán responde a la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dispuesta por el Ejecutivo argentino a fines de marzo. Irán sostuvo que su resolución se apoya en una ley de 2019 que contempla acciones recíprocas frente a países que acompañen esa calificación.
La medida iraní alcanza a dos ramas de las Fuerzas Armadas argentinas: la Armada y la Fuerza Aérea. El anuncio abrió un nuevo frente de tensión oficial, con una advertencia dirigida directamente al Estado argentino. La designación extranjera no cambia por sí misma la condición jurídica de esas instituciones en el país.
Los antecedentes que invocó la Argentina
En su respuesta, el Gobierno argentino recordó que la Justicia atribuyó responsabilidades a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. El Ejecutivo vinculó esos antecedentes con la decisión previa de incorporar a la Guardia Revolucionaria al RePET.
La controversia se produce en un escenario de relaciones deterioradas y con acusaciones cruzadas. Por ahora, el comunicado iraní y la respuesta argentina constituyen los principales pasos públicos de esta nueva disputa; cualquier consecuencia diplomática posterior dependerá de las decisiones que adopten ambos gobiernos.
