El Senado de Paraguay aprobó este viernes 6 de noviembre la destitución del presidente Santiago Peña, con 44 votos a favor y una ausencia, según el recuento de la sesión parlamentaria. La resolución se produjo durante el juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones, abierto en medio de la crisis por el banco Ueno.
El Senado resolvió el juicio político
La votación representa un giro respecto del anuncio de renuncia que Peña hizo el jueves. El intento de tramitar su dimisión no prosperó porque la Cámara de Diputados quedó sin quórum; por eso, el mandatario seguía formalmente en el cargo y el Senado continuó el procedimiento de juicio político. La Cámara Alta se había constituido en tribunal para resolver sobre su responsabilidad.
La destitución fue aprobada por 44 votos favorables, con un legislador ausente, según la cobertura parlamentaria del cierre de la sesión. El Senado había convocado una sesión extraordinaria este viernes para deliberar sobre la culpabilidad o inocencia del presidente, conforme al procedimiento del juicio político.
La crisis de Ueno Bank, en el centro de las acusaciones
El proceso se originó en acusaciones políticas de mal desempeño y conflictos de interés en torno al colapso de Ueno Bank, intervenido esta semana por problemas de solvencia. Se trata de cargos sometidos a decisión legislativa: las acusaciones políticas no equivalen por sí mismas a una condena penal.
La crisis financiera dejó a clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y provocó protestas en Asunción. Las autoridades paraguayas iniciaron un mecanismo de devolución de fondos garantizados, mientras ahorristas esperan conocer cómo se resolverán los montos que excedan la cobertura.
El anuncio de dimisión de Peña el jueves tampoco bastó para cerrar el caso: la sesión destinada a tratarla no pudo avanzar por falta de quórum. El juicio político siguió su curso en el Senado y concluyó con la votación de este viernes.
Una nueva etapa institucional
La resolución abre una etapa institucional decisiva para Paraguay. La sucesión presidencial y la formalización de los efectos de la decisión dependen de los pasos previstos por la Constitución y el Congreso. El recuento de votos difundido tras la sesión marca el desenlace político del juicio y la salida de Peña de la Presidencia.
