El fiscal federal Franco Picardi pidió que cuatro internos alojados en el Establecimiento Penitenciario N.º 7, en Alto Comedero, sean juzgados por una presunta organización que habría utilizado la identidad del presidente de la Corte Suprema para estafar y extorsionar. El requerimiento fue presentado el miércoles 4 de noviembre ante el juzgado federal que interviene en la causa.
La solicitud marca un nuevo avance en la investigación federal sobre maniobras que, según la acusación, se realizaron desde la cárcel jujeña. El Ministerio Público Fiscal informó que la presunta operatoria se extendió entre noviembre de 2024 y el 30 de octubre de 2025. Hasta el momento, lo que se conoce es el pedido de la fiscalía para que el expediente pase a juicio oral; no se trata de una condena ni de una resolución que ya haya dispuesto la apertura del debate.
Qué sostiene la acusación
De acuerdo con la investigación, los imputados habrían llamado a dependencias policiales, penitenciarias y de otras fuerzas presentándose falsamente como Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema, o como representantes de organismos oficiales. Con ese pretexto, habrían solicitado información sobre personas detenidas y datos de contacto de sus familiares.
La fiscalía sostiene que luego se comunicaban con algunos familiares y exigían transferencias de dinero a cambio de supuestas fianzas o gestiones para obtener la libertad de sus allegados. En otros episodios investigados, habrían anunciado premios inexistentes y pedido pagos por trámites. La acusación describe una estructura que presuntamente utilizaba líneas telefónicas, teléfonos celulares y cuentas bancarias o virtuales de terceros.
El requerimiento atribuye a los cuatro acusados presunta asociación ilícita, usurpación de autoridad, estafas y extorsión mediante simulación de autoridad pública. La fiscalía indicó que sustenta el pedido en comunicaciones intervenidas, registros penitenciarios, informes telefónicos y financieros, secuestros realizados durante la investigación y declaraciones de denunciantes.
El proceso todavía debe avanzar ante el juzgado
La solicitud de elevación a juicio fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, subrogado por el juez Julián Ercolini. La decisión de enviar la causa a debate corresponde ahora al órgano judicial; el pedido fiscal no determina por sí mismo el resultado del proceso ni la culpabilidad de las personas imputadas.
Además, el fiscal solicitó que se investigue la posible participación de tres mujeres vinculadas con cuentas que habrían recibido o canalizado fondos y pidió que sean convocadas a indagatoria. Esa medida también forma parte del requerimiento y no equivale a una declaración de responsabilidad.
La novedad actual es el pedido de cierre de la investigación y avance a juicio. En una instancia anterior, informada en octubre, el expediente había avanzado con el procesamiento de cuatro internos; el planteo de noviembre abre ahora la revisión judicial de si corresponde llevar las acusaciones a debate oral.
Foto: Diego Salotto / Ministerio Público Fiscal de la Nación.
