La Provincia dispuso transformar a Cannava en una sociedad anónima unipersonal (SAU), luego de que un cambio de figura anterior no llegara al Registro Público. El Decreto 5951-JG, del 17 de septiembre, revocó la conversión a sociedad anónima que se había ordenado en febrero, aprobó un nuevo estatuto e instruyó al directorio a tramitar la inscripción.
Los considerandos del decreto señalan que el cambio anterior, dispuesto por el Decreto 5068-JG/2026, no se había concretado porque la empresa no fue inscripta en la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales y tampoco se completaron los actos necesarios. El Gobierno fundamentó la nueva figura en la necesidad de contar con un marco más flexible para la gestión, el financiamiento y el desarrollo productivo.
La Provincia conserva el 100% de la participación. El estatuto de Cannabis Avatara SAU establece que el Gobierno de Jujuy suscribe la totalidad del capital y que el Ministerio de Salud ejerce los derechos del Estado como accionista único. El decreto sostiene que la transformación mantiene la continuidad jurídica, patrimonial, contractual y operativa de la empresa, sin modificar sus derechos y obligaciones.
El estatuto prevé que, si más adelante se decide incorporar capital de terceros, la sociedad deberá adaptar su régimen al de una sociedad anónima con más de un accionista mediante la reforma estatutaria correspondiente. El documento vigente, sin embargo, identifica a la Provincia como titular del 100% del capital.
El capital social quedó fijado en $6.690.479.272,45, representado por 10.000 acciones nominativas, con un voto cada una. El acta de la asamblea extraordinaria del 10 de agosto explica que el monto surge de sumar $5.526.567.099,20 en aportes irrevocables al capital nominal histórico de $1.163.912.173,25, sobre la base de un balance de corte al 31 de julio. El documento describe la operación como una capitalización de aportes ya registrados; no la presenta como un nuevo desembolso de fondos.
En esa misma asamblea, el accionista único aprobó el balance de corte, las retribuciones del directorio y la sindicatura, y ratificó los contratos de locación de obra y servicios —junto con sus adendas— y las operaciones de importación celebradas con proveedores del exterior durante los primeros siete meses de 2026. También aprobó la gestión del directorio para ese período.
La publicación oficial no detalla los contratos ni identifica a los proveedores de las importaciones: registra su ratificación, pero no incluye sus montos ni el balance completo. El acta señala que la documentación respaldatoria quedó disponible para la Auditoría General de la Provincia; el Boletín no adjunta un informe de auditoría.
El nuevo estatuto prevé un directorio de tres titulares y una Comisión Fiscalizadora de tres síndicos. También permite que la asamblea ordinaria aumente el capital hasta cinco veces y que una asamblea extraordinaria autorice la emisión de obligaciones negociables u otros títulos de deuda. Son facultades previstas en el estatuto; el texto publicado no informa que ya se hayan ejercido.
La norma ordenó inscribir la SAU en la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales. La Resolución 775-DPSC/2026, del 2 de octubre, dispuso publicar el decreto y el acta en el Boletín Oficial; esa publicación no incluye una constancia con el número de inscripción final. Por eso, el documento acredita la decisión y el trámite ordenado, pero no permite confirmar por sí solo cuándo quedó asentada la transformación.
Documentos oficiales: Decreto 5951-JG/2026 y nuevo estatuto · Acta de asamblea extraordinaria y balance de corte.
