La difusión de una grabación atribuida al vocero del Gobierno de Jujuy, Alberto Siufi, generó cuestionamientos políticos e institucionales. El abogado constitucionalista Vicente Casas pidió que el funcionario deje su cargo y sostuvo que el episodio representa un intento de censura sobre el trabajo de la prensa.
El audio fue difundido en medio de una controversia por la intención de evitar la publicación de una nota periodística. En ese contexto, Casas afirmó que en la grabación se invoca al gobernador y se hace referencia al bloqueo de información, circunstancias que interpretó como una forma de presión sobre los medios.
El cuestionamiento por la libertad de prensa
Al analizar el material, el constitucionalista consideró que recurrir al nombre de la máxima autoridad provincial para condicionar la difusión de un tema afecta tanto la libertad de expresión como la publicidad de los actos de gobierno. Su evaluación apunta a las implicancias institucionales de la intervención que atribuye al vocero.
Casas sostuvo que la situación se suma a otros episodios que, a su criterio, reflejan un deterioro de las prácticas democráticas en la provincia. También cuestionó la concentración de decisiones y opinó que esas conductas son incompatibles con el funcionamiento de un sistema republicano.
Pedido de salida y control legislativo
Para el abogado, la continuidad del funcionario quedó comprometida por la controversia. Planteó que debería apartarse o que el Gobierno tendría que pedirle la renuncia y asumir la responsabilidad política por lo sucedido.
El planteo alcanzó también a la Legislatura de Jujuy. Casas criticó lo que describió como una falta de reacción del Poder Legislativo frente a cuestionamientos al Ejecutivo y reclamó que cumpla su función de control, incluso mediante pedidos de interpelación.
La discusión pone nuevamente en el centro la relación entre el poder político y los medios, así como el papel de los organismos institucionales ante denuncias de presión sobre la actividad periodística. Las consideraciones sobre censura y responsabilidad política corresponden a la evaluación pública realizada por Casas.






















